Latinoamérica mira Brasil: plataformas, voto electrónico y democracia
A vísperas de las elecciones en Brasil, conversamos con expertos en transparencia electoral sobre su modelo regulatorio a campañas digitales y qué elementos podrían trasladarse a otros países. La conclusión compartida: la desinformación electoral requiere una respuesta normativa, pero la existencia de una norma no garantiza su cumplimiento.
“Brasil llega a la primera vuelta del 4 de octubre con el sistema de votación más auditado de la región: 30 años de urna electrónica, código fuente abierto a inspección y resultados la misma noche. Sin embargo, los fenómenos de desinformación se presentan como una amenaza al proceso electoral” sostuvo al inicio CecilIa Galván, Directora de investigaciones de Civic Compass y moderadora del webinario.
Esa paradoja ordenó la conversación del 30 de septiembre, organizada por Civic Compass, de Civic House, como primer encuentro de una agenda regional rumbo a 2027. Participaron Joelson Días, ex ministro del Tribunal Superior Electoral de Brasil; Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM; y Alithu Bazán Talavera, coordinador de investigación de Hiperderecho.
El giro brasileño: regular sistemas, no solo contenidos
Gustavo Gómez destacó que el paquete normativo aprobado por el TSE en marzo se aparta de la tendencia regional. Mientras otros países discuten si un contenido es falso o verdadero, Brasil exige transparencia y fija obligaciones sobre procesos y sistemas:
Planes de conformidad. Las plataformas informan cómo cumplirán la ley y rinden cuentas hasta el 19 de diciembre. Nueve de las doce obligadas cumplieron a tiempo.
Transparencia publicitaria. Deben revelar los anuncios políticos y quién los paga, algo casi inexistente en la región.
Inteligencia artificial. El contenido sintético se etiqueta, no circula propaganda con IA en las 72 horas previas y los asistentes conversacionales no pueden recomendar candidaturas.
La norma ofrece, además, alternativas a la remoción y a la desmonetización. Para OBSERVACOM, sin copiar y pegar, es hoy la mejor referencia regional. Bazán Talavera sumó un matiz: regular solo los deepfakes habría cubierto una parte menor del problema peruano; lo trasladable a su modelo es la trazabilidad de quién paga y cómo opera la propaganda.
Un sistema blindado que no se explica solo
Para Joelson Días, la rapidez del resultado es la principal fortaleza del modelo brasileño. También es parte del problema: cuando un sistema es muy eficiente y muy técnico, la confianza no se transmite sola. “Transparencia sin comprensión puede producir información, pero no necesariamente confianza”, aseguró.
La urna, que nació para responder al fraude en el conteo manual, tiene unas 30 capas de seguridad según el Tribunal Superior Electoral (TSE). Incluyen inspección del código fuente por partidos y universidades, pruebas públicas de ataque, equipos sin conexión a ninguna red y boletines impresos en cada sección que cualquier persona puede comparar con el total oficial.
Sin embargo, los desafíos persisten. Las pruebas públicas detectaron fallas, corregidas a tiempo, que confirman que ningún sistema es invulnerable. El Supremo Tribunal Federal rechazó el voto impreso en 2013 y 2020 por riesgos al secreto del sufragio. Y en 2022 un partido pidió anular solo los votos de la segunda vuelta, emitidos con las mismas máquinas que la primera. Para Días, el debate sobre el diseño es legítimo; el problema empieza cuando se convierte en acusación de fraude sin pruebas.
Perú: fallas reales, sospechas infundadas
El caso peruano mostró cómo a partir de las campañas de desinformación, se construye una narrativa de fraude sin fraude. Las misiones de la Unión Europea y la OEA calificaron la elección como creíble y transparente. Alithu Bazán Talavera identificó tres condiciones que se refuerzan entre sí:
Material para la sospecha. En la primera vuelta, 13 locales no se instalaron y más de 50.000 personas votaron al día siguiente. Nada de eso probaba fraude, pero sirvió para presentarlo como sabotaje.
Amplificación coordinada. Una cuenta publicó la misma acusación unas 60 veces, a veces con segundos de diferencia, y al menos otras 35 actuaron de forma similar.
Actores con poder. Durante unas cinco semanas, un candidato presidencial promovió la narrativa, organizó marchas y pidió anular votos de mesas rurales.
En la segunda vuelta, los problemas logísticos mejoraron, pero la narrativa persistió con nuevas acusaciones. El Jurado Nacional de Elecciones identificó 704 alertas y la ONPE emitió 1.192 aclaraciones.
La desinformación ya no busca convencer, busca erosionar
El panel coincidió en que las campañas actuales no inventan hechos: manipulan y amplifican hechos reales para destruir la confianza en el proceso y en las autoridades electorales. Para Gómez, eso limita el chequeo de datos y explica una virtud del modelo brasileño: regula formatos, tiempos y trazabilidad, no la verdad de cada pieza.
También dejó una pregunta para la sociedad civil. Si la justicia ordinaria no puede responder en 24 horas a campañas millonarias y el modelo brasileño no es el adecuado, ¿cuál es la alternativa más proporcionada?
Criticar sin proponer, advirtió, deja expuestas a las democracias: "Lo que la sociedad civil no puede es no tener respuesta (a las campañas de desinformación), porque el bien jurídico a proteger es demasiado importante", afirmó Gómez.
Cinco condiciones para una confianza verificable
Días propuso construir la confianza sobre mecanismos que permitan comprobar, no sobre afirmaciones de seguridad:
Verificabilidad: evidencia para contrastar el resultado, como el boletín de urna.
Auditabilidad: examen del sistema antes, durante y después de la elección.
Pluralidad de la fiscalización: actores con intereses distintos revisando la misma evidencia.
Transparencia comprensible: información accesible e inteligible, no solo abundante.
Capacidad de reconocer problemas: detectar, corregir y comunicar, sin presentarse como infalible.
"El objetivo no debe ser pedirle al ciudadano: confíe en nosotros. Debe ser ofrecerle condiciones para que pueda decidir", sostuvo Días.
A esto, Bazán Talavera agregó la importancia de la igualdad: la confianza también implica sentir que el sistema aplica las mismas reglas a toda la ciudadanía, algo que en Perú se puso a prueba cuando medidas de inclusión fueron usadas para deslegitimar votos.
Lo que Brasil todavía tiene que demostrar
Por ahora se evalúa un diseño en papel. Gómez propuso revisarlo tras la rendición de cuentas del 19 de diciembre, aunque adelantó que hasta el 30 de septiembre no había evidencia de remoción excesiva de contenidos, sino de incumplimientos. Bazán Talavera advirtió que una regulación pensada para limitar a las plataformas puede ampliar su poder si son ellas quienes definen qué es desinformación. Días propuso que la acreditación de la observación electoral se fije por ley.
La conclusión atraviesa las tres exposiciones: la integridad electoral no se resuelve con mejor tecnología ni con más remoción de contenidos, sino con instituciones que expliquen, sistemas verificables y una ciudadanía capaz de comprobar por sí misma. Como afirmó Alithu Bazan Talavera, "la pregunta no debe ser qué contenidos prohibimos, sino qué riesgos queremos reducir, qué conductas queremos regular y cómo evitamos afectar la libertad de expresión en línea".
Civic Compass elaboró un informe sobre el modelo brasileño de regulación electoral del entorno digital desde una perspectiva de derechos humanos. Revive también el Conversatorio completo aquí.
Comentarios