Protección de la niñez en entornos digitales: los desafíos de regular en América Latina
En el marco del proyecto Modelos de gobernanza para la protección de los derechos humanos en los entornos digitales, dirigido por Fundación Dignitas y financiado por la AECID, reunimos a especialistas de Argentina, Colombia y la cooperación europea para analizar cómo proteger las infancias en entornos digitales, y qué dilemas plantea esa urgencia.
Nadie discute que niñas, niños y adolescentes deben estar protegidos en internet. El problema empieza cuando hay que decidir cómo. Esa tensión atravesó el conversatorio “Infancias y entorno digital en América Latina: desafíos urgentes”, organizado por la Fundación Dignitas y Civic Compass, de Civic House, en el marco del proyecto Modelos de gobernanza para la protección de los derechos humanos en los entornos digitales, financiado por la AECID.
Moderado por Javier Pallero, de Civic Compass, el encuentro reunió a Juan Facundo Hernández, ex defensor nacional adjunto de los derechos de niñas, niños y adolescentes de Argentina; Catalina Moreno Arocha, codirectora de la Fundación Karisma de Colombia; y Jean Marie Chenou, especialista en ciberseguridad y política digital en Expertise France.
El diagnóstico compartido fue que la región oscila entre dos respuestas insuficientes: prohibir o dejar que las plataformas se autorregulen. Entre ambas queda un espacio que todavía está por construir.
Una tendencia común: regular a ciegas
Para Jean Marie Chenou, la cuestión no es ideológica: incluso gobiernos reacios a intervenir en el mercado apoyan cierta regulación para proteger a la niñez. La dificultad está en la asimetría de información entre reguladores y usuarios: quienes toman las decisiones no acceden a los algoritmos de recomendación ni a los incentivos que las plataformas diseñan para volver sus contenidos más adictivos.
Esa regulación a ciegas, explicó, empuja hacia soluciones simplistas. Un ejemplo claro: Australia prohibió el acceso de menores a redes sociales (y Francia lo intentó), pero los adolescentes usan VPN para evadir la restricción. ¿El resultado? Se estima que cerca del 85% siguió usando redes sociales. El Consejo Constitucional francés también consideró que la prohibición no era una medida adecuada. La alternativa opuesta, la autorregulación, tampoco funcionó: queda fuera del debate público y del control democrático.
El espacio por explorar, según Chenou, es que el regulador gane información y capacidad para imponer reglas sobre verificación de edad, horarios de uso o scroll infinito, sin restringir el acceso a la información ni la libertad de expresión de las personas menores de edad.
Populismo regulatorio
Catalina Moreno Arocha describió desde Colombia el efecto de la presión por regular rápido. Entre 2025 y 2026 se aprobaron cuatro normas de protección de la niñez que, según un relevamiento todavía en curso de Karisma, contienen unas 74 obligaciones para distintas entidades, sin articulación entre ellas.
Una lectura detenida de esas normas muestra dónde recae el peso: las obligaciones se concentran en las familias, los usuarios y el sector educativo, con poca financiación, mientras las plataformas quedan con compromisos débiles. Una propuesta de ley llegó a contemplar que un daño sufrido en internet habilitara procesos para retirar al niño de su hogar.
Moreno advirtió además un riesgo para otros derechos. Una de las normas crea un sistema integral de monitoreo de internet en el que participa el Ministerio de Defensa. Además, deja definiciones clave, como qué se considera un contenido inadecuado, en manos de decretos con bajo control y sin obligaciones de transparencia. Esas definiciones las elabora un comité cuyo único representante de la sociedad civil es un gremio de pequeñas empresas de software, que ocupará ese lugar durante dos años.
El enfoque también falla frente a problemas propios de Colombia, como el reclutamiento forzado de niñas y niños. Las mesas técnicas discuten cómo bajar contenidos más rápido, pero el reclutamiento se hace con señas que cambian constantemente, como la foto de una montaña, una canción o un emoji. Para Moreno, la regulación actúa sobre el daño ya ocurrido y no sobre las condiciones que llevan a niñas y niños a sumarse a grupos armados: “Estamos abordando el síntoma y no la enfermedad”.
Regular exige instituciones
Juan Facundo Hernández fue directo: “Podemos escribir la mejor regulación del mundo, pero sin un organismo que la lleve adelante, no funciona.” En Argentina, explicó, hay poca tolerancia de los gobiernos hacia los organismos de control. Se dejan vencer mandatos y, cuando las instituciones quedan acéfalas, se las interviene, como ocurrió con la Defensoría del Público.
Propuso organismos cercanos al Congreso, donde se respeta más el pluralismo, con autoridades elegidas bajo escrutinio real de la sociedad civil. También señaló un déficit técnico: la Agencia de Protección de Datos tiene experiencia en protección de datos, pero no en auditar algoritmos. La autoridad que se necesita combina protección de datos, protección de la niñez, capacidad técnica y participación de las propias niñas y niños, con la Observación General 25 del Comité de los Derechos del Niño como marco.
Chenou coincidió en el diagnóstico, pero matizó la salida. En el contexto político actual es muy difícil crear nuevas agencias independientes, por lo que propuso trabajar con las instituciones existentes en mesas multiactor. Moreno agregó una advertencia: cuando las facultades se reparten entre comités, se diluye la cadena de responsabilidad y la sociedad civil pierde capacidad de escrutinio.
Verificación de edad sin vigilancia
El acuerdo judicial entre Meta y los fiscales generales de Estados Unidos ordenó buena parte del debate final. Pallero señaló que no es una regulación discutida democráticamente y que refuerza mecanismos de verificación de edad asociados a identificaciones oficiales y biometría.
Hernández insistió en no confundir verificación de edad con identidad. Describió un sistema de doble ciego: el registro estatal de personas responde a la plataforma solo si el usuario es mayor o menor, sin revelar quién es, y el Estado no sabe dónde navega esa persona. El dato que dimensiona el problema: en Argentina, la edad de ingreso a las redes sociales es de 9,6 años.
Chenou consideró que el acuerdo no es una buena noticia para la región. Responde a una cultura jurídica que desconfía del Estado y confía en la empresa privada, distinta de la latinoamericana y la europea. Moreno lo calificó como una victoria agridulce: reconoce simbólicamente los daños, pero vuelve a centrar la discusión en contenidos y verificación de edad, y no en un modelo de negocio basado en la recolección masiva de datos. También alertó sobre el crecimiento de una industria de proveedores de verificación de edad concentrada en pocos países. “El fin no es verificar la edad. El fin es proteger a los menores”, aseguró.
El problema no es solo digital
Las apuestas en línea mostraron los límites de regular la tecnología en forma aislada. Hernández relató que en Argentina un proyecto obtuvo media sanción en Diputados, pero perdió estado parlamentario en el Senado. Según su experiencia, niñas y niños no apuestan en sitios legales sino en ilegales, a los que llegan por redes sociales y WhatsApp, mientras la publicidad de los sitios legales instala el tema. Propuso limitarla al mínimo, como con el tabaco y el alcohol, y sin influencers.
Chenou sintetizó el punto: no se regula una herramienta, se regula un problema social. La adicción al juego, el reclutamiento o la pornografía tienen una dimensión digital, pero requieren regulaciones transversales, no solo controles en plataformas.
Romper los absolutos
Moreno cerró con una advertencia sobre el clima del debate. Cuestionar una norma de protección de la niñez tiene un alto costo reputacional para las organizaciones de derechos digitales, aunque la norma exceda sus competencias. En Colombia, explicó, ese costo ya frena acciones judiciales contra el sistema de monitoreo.
El argumento se repite en otros temas. Frente al control de la publicidad de apuestas no autorizadas, el Estado le respondió que la libertad de expresión no juega, porque lo recaudado por apuestas financia el sistema de salud. Para Moreno, la prevalencia constitucional de los derechos de la niñez se está convirtiendo en un absoluto que impide dialogar, y recordó que esa lucha ya fue instrumentalizada en 2016 contra el acuerdo de paz.
La conclusión del conversatorio fue que proteger a la niñez en entornos digitales exige ir más allá del contenido y de la verificación de edad. Requiere instituciones con capacidad técnica y control democrático, obligaciones reales para las plataformas, participación de niñas y niños, y un debate franco que reconozca los intereses políticos y económicos en juego.
El ciclo continúa el 22 de octubre con un conversatorio sobre derechos humanos en el entorno digital y el 19 de noviembre con otro sobre protección de datos: de las leyes a la práctica. Revive el conversatorio aquí.
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